Procesan a productor brasileño por supuestos delitos ambientales
Escrito por admin el 08/11/2021
El fiscal Demetrio Bareiro, titular de la Unidad Especializada en hechos punibles contra el Medio Ambiente Nº 1 de Canindeyú, abrió un proceso penal contra un productor brasileño por transgresión de la Ley 716/96. El mismo está identificado como Celso Mioto (56), quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
El representante del Ministerio Público se basó en los artículos 4 (Inciso D) y 5 (Inciso E) de la citada Ley para presentar la imputación contra el ciudadano extranjero. Dichos artículos hablan sobre la penalización de aquellos que realizan obras hidráulicas, canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las aguas o destruyan, además de eludir medidas referentes a mitigación o ejecuten deficientemente las mismas.
Según la investigación, el 11 de octubre del 2021, la Fiscalía Especializada realizó un allanamiento a un inmueble perteneciente al encausado, ubicado en la colonia Yhovy, distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú, y comprobó los supuestos ilícitos. El procedimiento se llevó a cabo mediante un mandamiento judicial firmado por la juez Alcira de Souza.
En la ocasión, la representación pública halló un sector con características de zona baja, con suelo arcilloso de color negro, donde existen canalizaciones de aproximadamente 1.000 metros de longitud y 2 metros de profundidad. Estas excavaciones presumiblemente fueron construidas para drenar el agua y ampliar la superficie de cultivo existente en el lugar, según la sospecha fiscal.
Las canalizaciones están conducidas hacia un cauce hídrico conectadas por cañerías, sin contar supuestamente con las documentaciones respaldatorias que autoricen y/o habiliten expresamente la realización de dichas actividades.
Al considerar estos elementos de sospecha, el fiscal Demetrio Bareiro resolvió la imputación del presunto implicado, Celso Mioto. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y al mismo tiempo pidió cuatro meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.
